- Circulo de Estudios Tercerposicionistas: Economía
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jueves, 26 de mayo de 2016

Contra la cooperación entre clases sociales, de Álvaro Astray.


Debido a la falta de formación doctrinal, en amplios sectores de la “Tercera Posición”, se ha defendido la cooperación entre clases como forma de organizar la economía. Este objetivo choca frontalmente con la economía propuesta por varias de estas ideologías, como el nacional-sindicalismo o el fascismo. Con la excusa de la cooperación o armonización de las clases sociales, se ofrece la victoria a la clase dominante, es decir, a la burguesía capitalista. No se puede someter a toda la clase trabajadora con la excusa del patriotismo, esto no es más que hacerle el juego a la derecha.

La lucha de clases es un hecho, aunque no se debe aceptar que esta sea el motor de la Historia. Mientras en mejor situación se encuentre la clase dominante, en peor situación se encontrará la clase dominada, aunque esto por sí solo no haya sido lo que haya movido el mundo, detrás hay muchos más factores –más o menos importantes- complementarios. Admitir esto no te convierte en marxista. Simplemente hay que reconocer la gran labor de Karl Marx en su análisis de del capitalismo, como ya dijo en su día José Antonio Primo de Rivera (1), pero no coincidimos con él en las soluciones que da frente al sistema imperante.

Si bien es cierto que durante el Ventennio fascista no se alcanzó el socialismo al adoptarse como sistema el Corporativismo – donde existía una cierta cooperación entre clases-, el propio Benito Mussolini decía en la temprana fecha de 1933 que “el Corporativismo es un punto de partida, no de llegada”. 

Tras la traición de julio de 1943 de Pietro Badoglio y los monárquicos a Mussolini y al fascismo obrero, este se ve liberado de todos sus pactos con la burguesía en los que se apoyó para conseguir el Poder. Los fascistas volvieron a entonar el viejo canto de “¡Abajo Badoglio!” (2) y recuperaron el programa revolucionario de 1919. El secretario histórico del Partido Comunista de Italia, Palmiro Togliatti, ya reconoció el carácter revolucionario del fascismo de primera hora y buscó una alianza con los fascistas primigenios al escribir:“Nosotros, comunistas, adoptamos el programa fascista de 1919, programa de paz, de libertad y de defensa de los intereses obreros. Camisas Negras y Veteranos del África, llamamos a ustedes para unirnos en este programa. Proclamamos que estamos listos para combatir a su lado, Fascistas de la Vieja Guardia y Juventud Fascista, para realizar el programa fascista de 1919” (3).

Parte del programa del 1919 era: “la promulgación de una ley de Estado que sancione la jornada legal de ocho horas de trabajo para todos los trabajadores; el salario mínimo; la participación de representantes de los trabajadores en el funcionamiento técnico de la industria; y la administración de las industrias y servicios públicos por las mismas organizaciones proletarias”

En 1943, Mussolini y sus fieles, los representantes del fascismo proletario y auténtico (cabe destacar al excomunista Nicola Bombacci o a Alessandro Pavolini), proclaman la República Social Italiana. Es aquí cuando surge el experimento económico del fascismo anticapitalista: la Socialización. Bajo esta forma económica “La gestión de la empresa, ya sea del Estado o de la propiedad privada, queda socializada. En ella toma parte directa el trabajo”. Es decir, los productores, incluyendo aquí tanto a los trabajadores como al empresario entendido como gestor y trabajador, no como un capitalista, son los que deciden sobre el rumbo de la empresa, y la plusvalía es entregada los trabajadores, no al empresario capitalista. 

Alessandro Pavolini confesaría a su amante, la actriz y diva Doris Duranti lo siguiente: “el Fascismo en el que creo…no existe todavía, (…) el otro día Mussolini ha dicho una cosa que a muchos no ha gustado, pero a mí sí. Ha dicho que la cartilla de racionamiento no será abolida ni siquiera tras la victoria, así los Agnelli y los Donegani, comerán como sus obreros. Producir con la inteligencia o con las manos es lo mismo, quien no produzca, no tendrá sitio en la Italia que estamos construyendo”.

El propio Mussolini ya avisó en Milán poco antes de morir de la inutilidad e inconveniencia de pactar con la burguesía: “(…) nuestro ideal es el Estado de Trabajo. En este caso no puede haber duda: nosotros somos la clase trabajadora en lucha por la vida y la muerte, contra el capitalismo. Somos los revolucionarios en busca de un nuevo orden. Si esto es así, invocar ayuda de la burguesía agitando el peligro rojo es un absurdo. El espantapájaros auténtico, el verdadero peligro, la amenaza contra la que se lucha sin parar, viene de la derecha. No nos interesa en nada tener a la burguesía capitalista como aliada contra la amenaza del peligro rojo, incluso en el mejor de los casos ésta sería una aliada infiel, que está tratando de hacer que nosotros sirvamos a sus fines, como lo ha hecho más de una vez con cierto éxito (…)”(4). Es decir, en estas fechas, Mussolini rechaza cualquier pasado interclasista que pudiera haber tenido.

En el nacional-sindicalismo encontramos otra solución frente a la economía capitalista. En lugar de la socialización, la sindicalización de la economía. En el nacional-sindicalismo, son los trabajadores de la empresa organizados a través del sindicato correspondiente, encuadrados en las diversas ramas productivas. En el sindicato se encuadrarían todos los productores. Como leemos en el artículo “La empresa nacional-sindicalista” de Fernando Roldán: “La capitalización de la empresa se realizará a través de la aportación de los trabajadores y de la parte de la plusvalía destinada a tal fin. Los trabajadores no sólo poseerán los medios de producción y la plusvalía; también podrán votar y elegir al congreso de administración, aprobar o rechazar balances y demás cuestiones relacionadas con la gestión de la empresa, todo ello sin dejar de lado sus obligaciones como trabajador.” (5) Jorge Garrido San Román afirma que la plusvalía va directa al Sindicato, que se encarga de su gestión, pero que no toda la plusvalía se repartiría entre los productores directamente, puesto que esto podría producir una gran inflación. Parte de la plusvalía se reinvertiría en bienes y servicios para los trabajadores.

Hemos analizado solo superficialmente las propuestas de nacional-sindicalismo y fascismo frente al trabajo asalariado y el capitalismo. En ambas podemos ver que no se busca la cooperación entre clases, sino la creación de solo una clase, los productores. Esto no significa que, como dicen falsamente los liberales, todos los productores reciban la misma cantidad de dinero por su trabajo.

NOTAS:

(1) Conferencia del Círculo de la Unión Mercantil (Madrid, 9-4-1935)
(2) Pietro Badoglio fue un militar monárquico italiano, primeramente contrario al fascismo, pero que participó en la política del Ventennio. Finalmente traiciona a Mussolini para rendirse a los Aliados.
(3) Palmiro Togliatti, secretario del Partido Comunista Italiano, Manifiesto por la salvación de Italia y la reconciliación del pueblo italiano, "Lo Stato Operario", nº 8, 1936.
(4) Milán, 22 de abril de 1945
(5) La empresa nacional-sindicalista, por Fernando Roldán

domingo, 17 de abril de 2016

Trabajo, de Denes Martos.

Dale un cuenco de arroz a un hombre y lo alimentarás por un día. Enséñale a cultivar su propio arroz y le habrás salvado la vida. 
Confucio


Hacia 1811 y 1812 los trabajadores de una fábrica de medias y encajes de Nottingham, Inglaterra, destrozaron las máquinas tejedoras por miedo a que la mecanización de las tareas manuales les hiciera perder el trabajo. Fue la culminación del movimiento “ludita”, inspirado en la figura mítica de un tal Ned Ludd de quien se cuenta que en 1779 destruyó dos tejedoras mecánicas en un rapto de furia.[1]

Los “luditas” fueron un grupo de trabajadores ingleses de la industria textil que se dedicaron a romper máquinas en forma deliberada. Lo hicieron porque pensaron que la nueva maquinaria les quitaría los puestos de trabajo y sus medios de vida. Considerando las dificultades económicas que siguieron a las guerras napoleónicas, los nuevos telares prácticamente automáticos significaban que la vestimenta sería producida de allí en más por una cantidad menor de trabajadores y no solo eso sino por trabajadores de menor capacitación. De hecho, al ser las máquinas incluso más productivas, muchos trabajadores especializados perdieron sus relativamente bien pagados puestos de trabajo.[2]

Sin embargo, estos argumentos y temores son considerados como “la falacia ludita” por los economistas actuales. Estos economistas argumentan que, si el postulado ludita fuese cierto, prácticamente todos nosotros hoy ya tendríamos que estar sin trabajo. Una nueva tecnología puede desplazar a trabajadores cuyas habilidades se han vuelto obsoletas, pero los dos últimos siglos demostrarían que un aumento de productividad no produce un desempleo masivo. La nueva tecnología no destruiría el trabajo; solamente cambiaría la composición del trabajo dentro de la economía.

Este argumento suena muy bien y hasta está relativamente avalado por los hechos históricos. Sin embargo, resulta muy parecido al “equilibrio automático” que lograría el mercado gracias a que su “mano invisible” se encargaría de corregir los desvíos. Lo cierto es que, en el largo plazo, probablemente lo haga. Lo que sucede es que, como ya se ha dicho alguna vez, en el largo plazo estaremos todos muertos. A las miles y hasta quizás millones de personas que deben sufrir las consecuencias de un gran cambio tecnológico no les sirve demasiado de consuelo saber que en dos o tres generaciones la situación se volverá a equilibrar de algún modo.

Con todo, una cosa es indiscutible: históricamente la tecnología de una civilización nunca ha dado “saltos para atrás”. La tecnología de la piedra suplantó a la de la madera; el bronce suplantó a la piedra; el hierro desplazó al bronce. La tecnología de la máquina-herramienta desplazó al artesano manual. El vapor desplazó a la tracción a sangre. La electricidad desplazó al vapor. En ninguno de estos casos hubo marcha atrás. En ninguno de estos casos, una vez introducida la nueva tecnología la misma fue dejada de lado para volver a la anterior.

Hoy en día la máquina automatizada y programable – la robótica – ha desplazado a la línea de producción atendida por operarios humanos. Tampoco en esto habrá marcha atrás. Consecuentemente, será mejor que nos hagamos a la idea y solucionemos los problemas que esto genera porque especular con una eliminación de la robótica para volver a modos de producción previos es algo tan condenado al fracaso como lo estuvo el movimiento ludita de 1811.

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En el planteo del tema hay dos cosas que es importante aclarar de entrada.

Primero, los luditas del Siglo XIX y los operarios actuales enfrentan problemas completamente opuestos. En el Siglo XIX la máquina desplazó al trabajador artesano, altamente calificado o dotado de habilidades muy especiales, para suplantarlo por el operario común, de escasa capacitación, encargado de tareas relativamente muy simples. Esto llevó ya durante buena parte del Siglo XX a la línea de producción y a la producción masiva, con su trabajo monótono, elemental, simple y reiterativo que cualquiera podía aprender en el mismo puesto de trabajo y en solo un par de días o semanas. Desde la última parte del Siglo XX hasta el presente, la tecnotrónica actual viene presionando al mercado laboral en un sentido exactamente inverso: para su funcionamiento necesita personal capacitado y hasta altamente capacitado. La producción actual requiere operadores de máquinas de control numérico; programadores; operadores de diseño asistido por computadora y puestos similares. El trabajo simple, sencillo, que cualquiera podía aprender en el propio puesto de trabajo prácticamente ha desaparecido.

Segundo, la noción de la “falacia ludita” se basa sobre dos supuestos: por un lado se supone que las máquinas aumentan la productividad de los trabajadores; por el otro lado, se supone que todos los trabajadores – o al menos la gran mayoría – tienen la capacidad suficiente como para convertirse en operadores de esas máquinas. Pero las condiciones actuales están sacudiendo la sustentabilidad del segundo supuesto. Ya tenemos máquinas suficientemente “inteligentes” como para suplantar por completo a un operario. Puesto en términos económicos: en varios casos el capital se ha convertido en trabajo. Desde esta óptica la “falacia ludita” ya no es tan insostenible como puede parecerlo desde la visión de principios del Siglo XIX. En muchos aspectos es una falacia que ha dejado de ser falacia: si el maquinismo de los principios de la Era Industrial suplantó al artesano especializado por el proletario de baja capacitación, la tecnotrónica actual está suplantando a ese proletario por el técnico y el profesional altamente capacitados. Ése es el gran problema de la izquierda tradicional. No se han quedado sin descontentos y explotados; pero se han quedado sin proletarios y una ideología diseñada específicamente para proletarios del Siglo XIX se adapta muy mal a empleados de servicios y a técnicos industriales del Siglo XXI, por peor pagados que estén y por difícil que les sea conseguir trabajo.

Con lo anterior de base, podemos apuntar varios otros datos del problema.

Uno de ellos es que, debido a las sucesivas “revoluciones” tecnológicas, cada vez menos personas producen cada vez más bienes y servicios. Las tensiones producidas por este proceso se descargaron primero a través de transferencias de fuerza laboral del agro a la industria y luego, desde mediados/fines del Siglo XX, del agro y la industria hacia los servicios. Llegados a este punto, ya en 1995 Jeremy Rifkin[3] señalaba que – después de la “revolución” electrónica e informática – no hay hacia donde “transferir” la mano de obra desplazada, con lo cual las tensiones laborales que debemos enfrentar en un futuro prácticamente inmediato serán tanto de considerable envergadura como de larga duración.

Para colmo de males, en las últimas décadas la relación entre el PBI per cápita y el ingreso familiar medio tiende a empeorar en la enorme mayoría de los países.


PBI per cápita e ingreso familiar promedio en los EE.UU.[4]

Y en esto no se trata solamente de que aumenta el desempleo y cada vez menos personas acceden a un puesto de trabajo sino que incluso el ingreso de aquellas personas que tienen trabajo pierde progresivamente poder de compra real, ya sea por una tendencia del ingreso real a mantenerse nominalmente invariable, ya sea porque en términos reales sufre disminuciones en el mediano y largo plazo.

Durante los últimos 50 años, en los países más desarrollados la proporción del ingreso laboral respecto del PBI cayó de un 65/70% a un 55/60%. Un poco menos en Gran Bretaña y en Alemania; de un modo más significativo en Japón y los EE.UU. En el mundo “emergente” la relación empeora: en Corea del Sur la participación del ingreso laboral en el PBI cayó de 90% a 70%; en México lo hizo del 60% al 40%. En Europa Central y Oriental la caída fue de 75% a un 45% en promedio.


Índices de productividad y salario real en los países desarrollados[5]

Si analizamos la relación entre productividad y salario real obtenemos prácticamente el mismo resultado: mientras los salarios reales tienden a estancarse y ocasionalmente hasta a disminuir, la productividad, en términos generales, va en progresivo y sostenido aumento. Con el detalle muy importante de la asimetría de los niveles salariales. Porque, si – p. ej. en los EE.UU – tenemos en cuenta el ingreso anual del 1% de mayores ingresos y lo comparamos con el del 90% peor posicionado podemos ver que, desde 1979, el salario real del 1% mejor posicionado aumentó en un 138% mientras que el del 90% peor posicionado solo lo hizo en un 15%.


Salario real en los EE.UU. del 1% mejor posicionado frente al 90% peor ubicado.[6]

El “efecto desangrado” en los países periféricos solo aumenta los efectos señalados. Con las grandes empresas internacionales y las instituciones internacionales de crédito succionando la renta nacional de estos países todo el cuadro, obviamente, empeora.

La realidad demuestra, sin embargo, que el fenómeno no es exclusivo de la periferia colonizada del capitalismo sino que se produce hasta en los países desarrollados mismos. En menor medida quizás – hablando en términos absolutos y en consecuencias directas – pero se verifica en todos los análisis. El fenómeno, por lo tanto, no obedece exclusivamente al “imperialismo” capitalista como equivocadamente sostiene parte de la izquierda puesto que los propios países capitalistas imperialistas lo padecen también. El problema es estructural. El problema es la consecuencia de la estructura laboral y de la posición del trabajo humano dentro del propio sistema capitalista basado en la codicia y en la maximización del beneficio.

El problema de la progresiva desvalorización y de la creciente prescindibilidad del trabajo – con la obvia desocupación resultante – es un problema tan inherente a la misma estructura capitalista que el capitalismo no sabe muy bien qué hacer con él. Las medidas que se han tomado para intentar paliarlo – ya que no solucionarlo – han fracasado todas en mayor o menor medida.

En Francia se intentó reducir la cantidad de horas trabajadas por persona empleada. Pero la idea de que si cada uno trabaja menos horas habrá más oportunidades de trabajo para todos resultó errada. El mundo laboral no es un juego de suma-cero en el cual, mientras más trabaja una persona, menos trabajo le queda a los demás. En 2000 Francia estableció por ley una semana de trabajo de 35 horas con lo que las horas trabajadas realmente bajaron pero el desempleo aumentó. Al final, la legislación tuvo que prever tantas excepciones que el sentido mismo de la medida ya está completamente desvirtuado.[7]

Además, de cualquier manera que sea, la disminución de las horas trabajadas ya es de por sí una tendencia general impulsada por varios otros factores. No se necesitaba una ley especial para promoverla. Incluso en los EE.UU. en dónde la actividad económica de 24 horas al día por 7 días a la semana es casi una especie de deporte nacional para ciertos cargos y sectores, las horas anuales trabajadas efectivamente descendieron entre 1950 y 1980 para estabilizarse de allí en más un poco por debajo de 1800 horas anuales.


Promedio anual de horas trabajadas por país.[8]

El otro recurso de paliar la desocupación con subsidios estatales tampoco ha tenido resultados satisfactorios. Los diversos métodos de subsidiar el desempleo tienen, todos, varios inconvenientes. Por de pronto, si ofrecen un nivel de ingresos confortable para el desocupado, en muchos países lo único que logran es que ese desocupado deje de buscar trabajo y se convierta en un parásito alimentado por el sistema. Por el otro lado y a la inversa, si el nivel del subsidio es insuficiente, no logra su propósito de calmar la ansiedad y la angustia de la persona desocupada.

Exigir una prestación laboral a cambio de un subsidio estatal mejora el aspecto moral del sistema. Pero, si la relación no está limitada en el tiempo, a la larga se convierte en un empleo estatal igual a cualquier otro y económicamente puede ser cuestionable su utilidad. Por supuesto, siempre se puede recurrir a seguros de desempleo privados pero éstos – al igual que todos los subsidios limitados en el tiempo – solo tienen sentido en un entorno en donde en realidad hay trabajo y solamente es necesario asistir al desempleado durante el tiempo que tarda en encontrar un empleo nuevo después de haber perdido el anterior. En situaciones de desempleo estructural el recurso del subsidio estatal o del seguro de desempleo privado no resuelve en absoluto el problema de fondo y, mal implementados, hasta pueden llegar a agravarlo creando una clase parasitaria que consume sin producir ni siquiera el equivalente de lo que ha consumido.

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La solución al problema laboral no es fácil ni simple. Es un tema endemoniadamente complejo que requiere un análisis a fondo enfocado desde muy distintos ámbitos y especialidades. Porque, con la estructura del comercio internacional surgida después del fenómeno de la globalización económica, ni siquiera puede decirse que el del trabajo es un problema exclusivamente local o nacional. De hecho, para muchos países está más relacionado con el comercio exterior que con el consumo interno. La capacidad de producción de una línea automatizada puede muy fácilmente exceder la magnitud de la demanda interna y, en ese caso, la industria afectada o exporta o muere. Y, si exporta, no es imposible que tenga que competir con una industria similar pero ubicada en un país en donde la gente trabaja por algo así como dos tazas de arroz por día.

Sea como fuere, una cosa es indudable: no volveremos atrás. Las soluciones hay que imaginarlas con la robótica y no sin ella. Y aquí hay un papel esencial del Estado que tendrá que disponer las cosas de tal modo que la tecnología se ponga al servicio del Hombre y no sea cosa que el Hombre termine perjudicado por la misma tecnología que inventó.

Porque – y esto no hay que olvidarlo – al final del día, con robótica o sin ella, todo termina dependiendo de los seres humanos. De seres humanos que hacen lo que otros necesitan; de personas que producen lo que otras personas consumen.

Según una vieja anécdota, Henry Ford II le estaba mostrando a Walter Reuther, el veterano líder sindical de la industria automotriz norteamericana, una planta de producción recientemente automatizada.

– ¿Y Walter? – Preguntó con cierta sorna el factótum de la Ford – ¿Cómo harías para llevar estos robots a una huelga?

A lo cual, ni corto ni perezoso, el sindicalista retrucó al instante:

– No lo sé, Henry. Pero ¿cómo harás tú para que te compren un auto?

NOTAS:

[1] - http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/m-ludismo.htm 

[2] - http://www.economicshelp.org/blog/6717/economics/the-luddite-fallacy/ 

[3] - Cf. Jeremy Rifkin, The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, Putnam Publishing Group, 1995, ISBN 0-87477-779-8 

[4] - http://economistsview.typepad.com/economistsview/2008/09/gdp-per-capita.html 

[5] - Cf OIT – Global Wage Report 2014 / 15 – Wages and income inequality (http://apirnet.ilo.org/resources/global-wage-report-2014-15-1) 

[6] - http://www.epi.org/publication/charting-wage-stagnation/ 

[7] - En el año 2000 Francia redujo las horas semanales de trabajo de 39 a 35. Actualmente ya hay tantas excepciones a la ley que la realidad es que los franceses hoy trabajan en promedio unas 39,5 horas, lo cual hasta está por encima de las 35.6 horas promedio de la zona del Euro. Cf.: 

http://qz.com/258151/reminder-dont-question-frances-35-hour-working-week/ 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130726trib000777738/les-francais-travaillent-plus-qu-on-ne-le-croit.html 

[8] - http://www.newyorker.com/business/currency/why-the-french-are-fighting-over-work-hours

jueves, 31 de marzo de 2016

Soberanía financiera como requisito previo para la soberanía política y la regeneración cultural, de Kerry Bolton.


A menos que un Estado-nación tenga el control sobre su propio sistema bancario y financiero, hablar de soberanía nacional, tanto por parte de algún movimiento como por el gobierno, es algo vacío. Aunque el sector bancario hoy es algo evitado por muchos movimientos y pensadores como si se tratase de un tema fuera del dominio de preocupaciones, tanto por la izquierda como por la derecha. De hecho, la izquierda rara vez toca el asunto y sigue negándose a hacerlo, contentándose con lemas banales sobre los impuestos y la nacionalización de propiedades. Como el movimiento socialista ha demostrado, la nacionalización significa poco, y a menudo nada, en lo que respecta a garantizar la soberanía financiera y, consecuentemente, la política. Con frecuencia el llamado “banco estatal”, como el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda o el Banco de Inglaterra, y muchos otros, dan la apariencia de soberanía financiera. En realidad no significan nada de eso. Un banco estatal como esos que son comunes, hace mucho tiempo, en las social-democracias, sirve meramente como medio por el cual el Estado pide prestado al sector privado y, normalmente, a los sectores financieros internacionales.

Durante la Gran Depresión los bancos centrales fueron promovidos como una panacea para los altibajos y para garantizar la estabilidad económica y financiera. Mientras Paul Warburg, de la dinastía bancaria internacional Warburg, había redactado previamente el proyecto de ley de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que fue promovida como “banco estatal” a principios de la década de los 30 del s.XX, Otto Niemeyer, del Banco de Inglaterra, recorrió el Imperio Inglés promoviendo la idea de los bancos estatales como el Banco de Inglaterra. Estos estarían basados en los titulares de bonos privados. En Nueva Zelanda, el Banco de la Reserva fue creado en 1933. Este banco, al igual que todos los bancos centrales de esta especie, sin embargo, simplemente sirvió como un medio del estado para tomar préstamos de fuentes privadas. El historiador de Harvard y Georgetown, el Dr. Carroll Quigley, cercano a los círculos de gobierno, afirmó que el propósito de estos bancos centrales era “formar un único sistema financiero a escala internacional que manipulase la cantidad y el flujo del dinero, de modo a poder influir, si no controlar, los gobiernos por un lado y las industrias por el otro”[1].

El diputado Louis T. McFadden, que durante diez años fue presidente del Comité para la Banca y la Moneda del congreso de los EEUU, y que fue banquero él mismo, expuso la naturaleza del Sistema de la Reserva Federal y las operaciones del sistema internacional de la deuda y las finanzas, en sus discursos en el Congreso de los Estados Unidos. En 1932, en la Cámara, dijo McFadden sobre el Banco de la Reserva Federal:

“Esta institución malvada ha empobrecido y arruinado al pueblo de los Estados Unidos, lo ha llevado a la quiebra en sí y prácticamente ha llevado a la bancarrota a nuestro Gobierno. Lo hizo a través de los defectos de la ley bajo la cual opera, a través de la mala administración de esa ley por parte de la Reserva Federal, y a través de las prácticas corruptas de los buitres adinerados que la controlan. Algunas personas piensan que los Bancos de la Reserva Federal son instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Son monopolios privados que se aprovechan del pueblo de los estados Unidos para su propio beneficio y el de sus clientes extranjeros, especuladores nacionales y extranjeros, prestamistas ricos y predadores”[2].

martes, 10 de noviembre de 2015

El Socialismo nacional

El «socialismo nacional antimarxista»

En el manifiesto de los «Grupos Nacionalistas Revolucionarios de Base», organización francesa afecta a esta corriente, que publica la agencia informativa semanal «Cahiers Européens», encontramos la definición de socialismo nacional. Escriben los nacional-revolucionarios franceses: 

«El Estado Nacionalista será, ante todo, el brazo armado de la comunidad nacional. Nosotros combatimos por un "Socialismo Nacionalista" que no es más que la expresión de nuestra oposición radical y absoluta al capitalismo bajo todas sus formas. El capitalismo no es más que el excremento insano, en el dominio económico, del liberalismo político y de la ideología sionista.» 

El Socialismo Nacionalista es la toma de conciencia de que una sociedad comunitaria es la opción económica y social indispensable del Estado Nacionalista sobre el plano político. Este socialismo concebirá la economía de la siguiente forma: 

— Asegurará el pleno desarrollo de la empresa libre. La propiedad será respetada y sostenida por el Estado Nacionalista en tanto que verdadero antídoto del capitalismo monopolista. 

—Asegurará el control por la Comunidad Nacional de todos los bienes que le han sido sustraídos y los utilizará para el desarrollo de las fuerzas productivas de la nación. 

— En las empresas se ayudará al desarrollo de grupos autónomos de productores, favoreciendo el interés de los trabajadores no sólo en los frutos de la expansión de su empresa, sino también en la posesión de los útiles mismos de trabajo. 

— El objetivo final del Socialismo Nacionalista será la puesta en pie de una comunidad social homogénea, la de todos los Trabajadores, la de todos los productores, que excluirá de su seno a los parásitos y los aprovechados.» 

Tales son las primeras ideas: se acepta la propiedad privada, se reserva el derecho de nacionalización y, por último, se manifiesta a favor del reparto de beneficios y de la propiedad de los medios de producción por la comunidad de trabajadores. Los nacional-revolucionarios no ocultan en ningún momento sus simpatías hacia el movimiento cooperativista, descubriendo en él una buena forma de practicar acupuntura inmovilizadora en algunos sectores de la economía capitalista. Incluso, algunos neo-fascistas han ido más lejos, como en Italia, en donde las fracciones nacional-revolucionarias del M.S.I. están organizando —en otoño de 1977—comunidades cooperativas agrarias a fin de poner en práctica sus esquemas comunitarios. 

Normalmente todas las sectas nacional-revolucionarias coinciden en dividir la economía en tres sectores: un primer sector que llaman de «importancia estratégica» y en el que engloban a las industrias pesadas y aquellas que por su importancia puedan ser de utilidad preeminente para la nación. Proponen nacionalizar este primer sector, así como los servicios públicos, transportes, etc. También se propone poner coto a los beneficios de la gran banca y de la alta finanza, prohibiendo los trusts y los monopolios privados, nacionalizando el servicio de crédito, etc. Un segundo sector engloba a las pequeñas empresas, industrias familiares o artesanales con pequeño número de trabajadores; éstas, naturalmente, continúan como empresas privadas ya que ni su volumen, ni su importancia estratégica aconsejan poner coto a sus actividades y, por otra parte, suponen un tributo a la propiedad privada. Por fin un tercer sector, constituido por empresas de tamaño medio, empresas de servicios, tienen dentro del esquema nacional-revolucionario, una importancia especial ya que deberán de ser gestionadas mediante un sistema cogestionario en el que participen representantes del capital privado y de los trabajadores, tendiéndose siempre a reducir el primero a la mínima expresión y a aumentar el papel de los accionistas obreros. 

En cuanto a las opciones presentadas frente al sindicalismo de las grandes formaciones obreras dependientes más o menos directamente de los partidos democráticos, los nacional-revolucionarios proponen como alternativa los sindicatos de empresa y los sindicatos por ramas de producción que posean un patrimonio propio. En esto se deberían asemejar a los gremios medievales, poco conocidos en la actualidad, que poseían medios de producción propios. Los sindicatos de empresa tienden a configurar un ambiente comunitario en el seno mismo de las fábricas. 

Extraído por CET de: "La ofensiva neo-fascista", de Ernesto Cadena.

domingo, 10 de mayo de 2015

La empresa para quien la trabaja, de Javier Iglesias.

Introducción

Las realizaciones y conquistas sociales del Peronismo en su primera etapa de gobierno (1946-1955), son tantas y tan importantes que, entre los propios seguidores de dicho Movimiento, es común interpretarlas como el fruto de una Revolución totalmente realizada; una especie de "Edad de Oro" de los trabajadores y del Pueblo argentino que, con algunas variaciones de detalle, puede y debe recuperarse mediante la organización y la lucha.

Paradójicamente esa versión del Peronismo como una Revolución"concluida" que hay que repetir y recuperar, no coincide en lo más mínimo con lo que pensaban aquellos que la llevaron a cabo en el pasado, ni mucho menos y en especial, con los planteamientos del mismo General Juan Domingo Perón.

Para todos ellos, la riquísima experiencia política, económica y social del periodo 1943-1955 es apenas el inicio de una transformación revolucionaria mucho más profunda y, por lo que se refiere a lo económico, el verdadero comienzo de un proceso de gradual socialización de los medios de producción.

Que ese objetivo socializante es afirmado explícitamente y desde un principio por importantes sectores del Movimiento Peronista, puede probarse con la simple lectura de los estatutos de la CGT aprobados en su Congreso Extraordinario de abril de 1950.

En su Preámbulo, después de afirmar que "la Doctrina Peronista, magistralmente expuesta por su creador, el General Juan Perón, define y sintetiza las aspiraciones fundamentales de los trabajadores argentinos y les señala la verdadera doctrina, con raíz y sentido nacional, cuya amplia y leal aplicación ha de forjar una Patria Justa, Libre y Soberana", fundamentan esa definición ideológica en el hecho de que:

"El proceso de realización tiende hacia la gradual socialización de los medios de producción y en cambio impone al proletariado el deber de participar y gravitar desde el terreno sindical para afianzar las conquistas de la Revolución Peronista, para consolidarlas en el presente y ensancharlas en el futuro". [1]

La inequívoca definición del Movimiento Obrero Argentino -calificado habitualmente por el General Perón como la "columna vertebral" del Peronismo- no es, por otra parte, una simple declaración sectorial. En ocasión tan importante como el 1º de mayo de 1952, en su alocución a los legisladores argentinos con motivo de la inauguración del 86º periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional, el propio Líder justicialista también afirma tajantemente:

"Así como la clase de los hombres que trabajan va substituyendo a los representantes del individualismo capitalista en el panorama político, también la clase de los hombres que trabajan va substituyendo progresivamente a las empresas individualistas, con las nuevas organizaciones de tipo cooperativo. Ello significa que los trabajadores, por la natural evolución económica de nuestro sistema, van adquiriendo progresivamente la propiedad directa de los bienes capitales de la producción, del comercio y de la industria. Este camino, por el que avanzan ya los trabajadores argentinos, tiene un largo pero fecundo recorrido y posibilitará el acceso del pueblo a la conducción de su propia economía. El viejo ideal del pueblo, en la plena posesión de sus derechos políticos, sociales y económicos, se realizará entonces, y en aquel momento la justicia social alcanzará la cumbre de sus objetivos totales y la doctrina peronista será la más bella y absoluta de las realidades". [2]

Que el Peronismo fundacional aspiraba a la total socialización de "los bienes capitales de la producción, del comercio y de la industria" resulta, pues, irrefutable, más allá del ritmo de esa socialización; ritmo que, como es natural, depende más de la cambiante relación de fuerzas nacional e internacional que de cuestiones ideológicas o esquemas teoricistas de salón.

Cuando, a partir de los propios textos peronistas, afirmamos que el Peronismo apunta hacia la socialización de los medios de producción, ¿estamos coincidiendo con la acusación del "nacionalismo" fascistizante y antiperonista según la cual el Justicialismo sería "un movimiento que sale del capitalismo y camina hacia el comunismo"? [3]

Obviamente no.

Los creadores de la Doctrina Peronista siempre recalcaron su carácter de"Tercera Posición"; sus postulados anticapitalistas pero, a la vez, diferentes de los del colectivismo totalitario y burocrático marxista.

En el discurso del 2 de mayo de 1950 es también Perón el que recalca magistralmente ese "tercerismo" económico peronista:

"Para el capitalismo la renta nacional es producto del capital y pertenece ineludiblemente a los capitalistas. El colectivismo cree que la renta nacional es producto del trabajo común y pertenece al Estado, porque el Estado es propietario total y absoluto del capital y del trabajo. La doctrina peronista sostiene que la renta del país es producto del trabajo y pertenece por lo tanto a los trabajadores que la producen." [4]

El Peronismo no confunde, por lo tanto, socialización con estatización.

Es anticapitalista pero pretende, a diferencia del marxismo, no la entrega de los medios de producción a un gigantesco Estado-Patrón dictatorial sino directamente a los propios trabajadores.

Se trata de una concepción con mucha semejanza con lo que posteriormente será conocido como "socialismo autogestionario" [5] aunque también puede considerarse emparentada a las posiciones del anarcosindicalismo y del"sindicalismo revolucionario" europeo anterior a la Segunda Guerra Mundial; algo que han destacado recientes estudios ideológicos imparciales como los de Cristián Buchruker:

"Más que del socialismo clásico, el peronismo en gestación adoptó ideas fundamentales del anarcosindicalismo hispano-francés, el cual ya tenía una tradición no despreciable en el gremialismo argentino. Se trata aquí de dos exigencias: a) el directo protagonismo político del sindicato (no por mediación del partido) sobre todo a través de la huelga general como instrumento de acción; y b) el objetivo lejano de una administración de los medios de producción por los sindicatos mismos." [6].

domingo, 1 de marzo de 2015

Cogestión pública de la mediana y gran empresa en el estado nacionalista

1. ¿Qué es?
    
La autogestión obrera es un modo de organización empresarial en el que la dirección y la gestión de cada empresa recae sobre sus trabajadores. La cogestión es una fórmula en la que los trabajadores se hacen cargo parcialmente de  tal dirección y gestión, conservando el capital la otra parte de tales funciones. Lo que aquí se propone es una cogestión pública para la mediana y gran empresa, pues el control de cada empresa recaería en sus trabajadores, pero también en representantes del estado nacionalista elegidos para ese fin (no en el capital, pues es evidente que en un estado auténticamente nacionalista no tiene cabida la propiedad privada de la mediana y gran empresa).
    
2. ¿Por qué la cogestión pública?
    
Hay tres razones.

Por un lado, es una cuestión de principio. Sin socialismo no hay nacionalismo, o mejor, todo estado nacionalista debe incluir en su formación el principio socialista. En caso contrario, no habrá Volksgemeinschaft, sino lucha de cada cual en pos de intereses muy particulares. La mera titularidad pública de la mediana y gran empresa no garantiza principio socialista alguno, sino estatismo. Hay que introducir el principio socialista en los fundamentos productivos de la nación. La cogestión pública obrera sirve a ello.
    
Por otro, es una política que ayuda a conservar el poder nacionalista del gobierno y del propio estado. Hay varias razones económicas por las que la producción y/o distribución de determinados bienes y servicios no puede realizarse sino por empresas de tamaño mediano o grande. Además, dado el actual nivel de conciencia del pueblo, el desarrollo del estado nacionalista no ha de oponerse a la presencia de la iniciativa privada en aquellas actividades productivas que pueden ser realizadas a pequeña escala. Un ejemplo perfecto de ello es la pequeña propiedad campesina, sostenida a base del trabajo del propietario y de su familia. Otros serían el pequeño comercio, o pequeños talleres artesanos. Cuando la actividad económica, por razones de escala, requiere de empresas de mediano o gran tamaño, permitir que siga operando la iniciativa privada se contrapone al correcto desarrollo del estado nacionalista. Estas empresas privadas dejadas a su libre desenvolvimiento se convierten en entidades de gran poder, que se desborda y, conservando su naturaleza económica, devienen también poderes sociales y políticos. Ante esta situación el estado nacionalista se halla amenazado por  unos intereses privados que desvirtúan su esencia nacionalista.
    
¿Qué es una mediana empresa? En nuestro ámbito, convencionalmente se caracteriza a una empresa como mediana en función de tres variables: número de empleados, facturación anual y activos totales que reúnen. El criterio tradicionalmente más sólido resulta ser el número de empleados y aquí una mediana empresa es aquella que tiene entre 50 y 250 empleados. Pero este es un criterio imperfecto; la hegemonía liberal ha traído la lacra de la externalización, lo cual significa que una empresa puede tener nominalmente un número de trabajadores bastante inferior al de aquellos que trabajan efectivamente en ella y/o para ella en exclusiva. Un estado nacionalista debe considerar como mediana empresa aquella con más de 10 empleados. Hay a quién una empresa semejante puede no parecer muy grande, pero empresas de ese tamaño en el contexto de una pequeña localidad pueden fácilmente ser “entidades de gran poder, que se desborda y, conservando su naturaleza económica, devienen también poderes sociales y políticos”. El estado nacionalista debe nacionalizar cualquier empresa de más de 10 empleados. Ese es el límite que tal estado debe permitir a la iniciativa privada. Evidentemente, para evitar el fraude en esto, ningún individuo puede ser propietario de más de una empresa y ésta ha de tener un número no superior a los 10 empleados. Y tampoco puede ser un individuo propietario de una empresa a cuenta de otro.
    
Por tanto, la cogestión pública de la mediana y gran empresa es positivaper se, pero también por el efecto de conservación del poder político que tiene, a diferencia del estado actual de cosas, en el que el poder político no es un auténtico poder y es subsidiario de determinados intereses económicos (aparecen así en Europa los gobiernos de ocupación, que sustituyen a los antiguos gobiernos de base nacional).
     
El tercer motivo es que la cogestión pública puede ayudar a plantear y llevar a cabo de una forma ordenada y justa el necesario cambio de modelo económico. El capitalismo es un sistema económico muy despilfarrador de recursos, como materias primas escasas y energía. Muchas mercancías se producen sin existir una necesidad real de ellas, siendo esta necesidad artificialmente creada mediante la propaganda económica o publicidad. Un estado nacionalista debe orientar la producción de una manera racional y siempre en función de las necesidades reales de la nación, campo que incluye la industria armamentística, la investigación sobre energía y la conquista espacial.
    
3. Ejemplos históricos

Autogestión yugoslava1
    
En la empresa yugoslava se distinguen dos poderes, uno de gestión, que fija la política de la empresa, y que reside en los consejos obreros y, sobre todo, en las asambleas de personal, y otro de dirección, que ejecuta la política fijada por el primero, y que reside en el personal directivo.
    
La asamblea de personal adopta las principales decisiones de política general. El consejo obrero, integrado por los trabajadores elegidos por el personal del centro en votación secreta, supervisa y hace gestión ordinaria y elige al personal directivo.
    
A partir de 1974 se instituyeron las llamadas “organizaciones básicas de trabajo asociado”, compuestas por unidades de producción y gestión definidas y de menor tamaño que la empresa, como un taller o un departamento. Son los sujetos básicos de la autogestión.
    
Hay bastante polémica acerca del éxito o del fracaso de este sistema, si se compara con otros de inspiración comunista. Sí ha servido para combatir la organización tiránica típica tanto de la empresa privada capitalista como de la empresa estatal comunista, así como para mejorar la educación de los trabajadores. Los conflictos no han desaparecido, como era fácil prever y existe ambigüedad con respecto a la eficacia organizativa de este modelo, a pesar del evidente desarrollo económico experimentado.
    
Codeterminación en la República Federal de Alemania2
    

Las primeras industrias en acceder a la codeterminación, a través de dos leyes, una de 1951 y otra de 1956, fueron las minera y metalúrgica, algo conocido como el modelo de la “Montan-Mitbestimmung”. Es el modelo de codeterminación que llegó más lejos en Alemania Occidental y, por lo tanto, el que más nos interesa aquí (la Ley de Codeterminación de 1976, para empresas de más de 2.000 empleados excepto las mineras y metalúrgicas, tiene mucho menor alcance). Se materializa en la participación de los trabajadores en dos instituciones. Por un lado, en el consejo de administración, que es un órgano de control, y en el que representantes obreros (miembros del consejo de empresa así como sindicalistas) y representantes de los accionistas tienen el mismo número de miembros, rompiendo el empate un miembro en principio no vinculado a ninguna de las dos partes y considerado neutral. Por otro, en la dirección de la empresa, elegida por el consejo de administración, y en la que se crea la figura del director de trabajo, ocupado de la gestión del personal y de los asuntos sociales, y que necesita obligatoriamente de la confianza de los trabajadores.
    
Este modelo refuta la afirmación de que la cogestión no puede ser rentable. 
    
República Social Italiana
    
En el Manifiesto de Verona, aprobado por el congreso del Partido Fascista Republicano en el congreso celebrado en dicha ciudad el 14 de noviembre de 1943, se acuerda poner en marcha la cogestión obrera de las empresas, además de otras medidas tendentes a transformar el estado en socialista. El punto 12 es el destinado a la cogestión y dice así:
    
«En toda empresa (industrial, privada, paraestatal y estatal) las representaciones de técnicos y operarios cooperarán íntimamente, por medio del conocimiento directo de su gestión, en la tarea de fijar salarios equitativos, así como en la justa distribución de las ganancias entre el fondo de reserva, beneficio al capital accionista y participación de los obreros en dichas ganancias.
    
En algunas empresas, esto podrá implantarse concediendo más amplias prerrogativas a las actuales Comisiones de fábrica. En otros casos, sustituyendo los Consejos de Administración por Consejos de empresa compuestos de técnicos y operarios y de un representante del Estado. Finalmente, también puede efectuarse mediante una cooperativa parasindical».
    
Los puntos 10 y 11, por su parte, sirven de base para la socialización de grandes empresas privadas.
    

Lo importante es que esto se llevó a la práctica. Según Norling: «Esta política nacional-revolucionaria podría haber quedado en mera especulación ideológica o de efectos propagandísticos pero el gobierno fascista republicano inmediatamente se pone en acción. El 13 de enero de 1944, unos meses después del congreso de Verona, se promulga la ley de bases previa a la ley de socialización. “Premisa fundamental para la creación de la nueva estructura de la economía italiana”, que se materializa en el decreto ley de la socialización aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de febrero de ese mismo año. En esta ley se recogen principios como la cogestión de las empresas, nacionalización de aquellas que se requieran para el desarrollo de la economía nacional, reparto de beneficios, etc.»3. El decreto ley comienza con la cogestión, al que dedica los 29 primeros artículos. A partir del artículo 30 y hasta el 41 trata de la nacionalización de las empresas privadas. Este artículo 30 dice así: «La propiedad de empresas que comprendan sectores básicos para la independencia política y económica del país, así como aquellas que suministren materias primas, energía y servicios indispensables al normal desarrollo de la vida social, puede ser asumida por el Estado según las normas del presente decreto. Cuando la empresa sea considerada de actividades productivas diversas, el Estado puede asumir tan sólo una parte de la propiedad de dicha empresa. Por lo demás, el estado puede participar en el capital de las empresas privadas». Los artículos 42 hasta el 45, con el que concluye, hablan del reparto de beneficios. 
    
A pesar de la oposición de la burguesía italiana y del ejército alemán, el 22 de enero de 1945 se logra socializar la importante empresa FIAT. A partir del 1 de febrero la socialización se extiende a otras empresas. La derrota fascista ante la alianza de las fuerzas de ocupación anglonorteamericanas y los marxistas italianos pone fin a la socialización fascista y las empresas vuelven a manos de la burguesía.
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(1) J. Castillo, “La experiencia de autogestión yugoslava” en José Félix Tezanos: La democratización del trabajo. Sistema, Madrid, 1987.
(2) Hans-Werner Franz, “La codeterminación en la República Federal de Alemania” en José Félix Tezanos: La democratización del trabajo. Sistema, Madrid, 1987.
(3) Erik Norling. Fascismo revolucionario. Ediciones Nueva República, Barcelona, 2010, pág. 54.

sábado, 21 de febrero de 2015

La economía en la cosmovisión nacionalsocialista

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INTRODUCCIÓN

La presente, es una de las obras editadas por el N.S.D.A.P.[1] en el curso del año 1934, destinadas a explicar, en sus líneas esenciales, la política económica del III Reich durante la primera etapa revolucionaria. Rampa de lanzamiento de la gran Revolución Nacionalsocialista, este proceso habría de culminar con la propiedad comunitaria de los medios de producción, lo cual implicaba, la extirpación definitiva del parasitismo burgués capitalista, y la consecuente desaparición del proletariado como clase económica. De esta manera, el proletario, mero asalariado, subesclavo de la empresa capitalista del régimen burgués, ascendía al rango de productor de la empresa comunitaria del Orden Social Natural[2].

Para aquellos que, por desconocimiento o por mala fe o por ambas cosas a la vez, le niegan al Nacionalsocialismo su esencia y carácter revolucionario, que una revolución no consiste simplemente en un cambio de estructuras ni en un golpe de estado. Se trata, pues, del restablecimiento del Orden Social Natural mediante la restauración del Estado en sus funciones comunitarias.

En conformidad con los principios rectores de la ciencia política, el nacionalsocialismo restauró al Estado en sus funciones específicas al convertirlo en órgano unitario de mando y de síntesis de todas las fuerzas operantes del cuerpo social, y restableció, el Orden Natural, al estructurar orgánicamente a la comunidad, conforme a sus exigencias históricas y funcionales.

En lo económico social, razones de orden táctico, también exigían proceder por etapas. En efecto, Alemania en vías de reconstrucción y ante la amenaza latente de guerra por parte de sus enemigos tradicionales y eventuales, debía mantener no sólo un alto nivel de producción, sino también, la unidad del frente interno, lo cual hubiese sido imposible de lograr, con los conflictos sociales que los cambios radicales producen. Como podemos observar, se trató de evitar los peligros de una revolución brutal en la estructura económica, en tanto las circunstancias políticas no lo permitiesen.

No obstante, el régimen: a) concretó la creación y federación de empresas comunitarias[3] b) eliminó el chantaje[4] capitalista que el patronato ejercía; c) exigió de las corporaciones constituidas por la conjunción de la asociación patronal y del sindicato obrero de una misma rama de la producción el respeto del plan económico comunitario y el mantenimiento de la paz social; d) retuvo en forma de impuestos la plusvalía, hasta entonces acaparada por los capitalistas, y la utiliza con miras al bien común, particularmente en favor de los trabajadores menos favorecidos con relación a los demás estamentos de la población.

Los detentadores del capital pierden su poderío, y ven sus utilidades reducidas al legítimo interés de su dinero; e) los jefes de empresa en lugar de seguir siendo los apoderados de los dueños de los instrumentos de la producción, recuperan su autoridad natural, al mismo tiempo que su papel de productores; f) los trabajadores participan en las decisiones que les incumben y fiscalizan las condiciones de trabajo; g) la plusvalía va a la comunidad y no a los bolsillos del burgués; h) la producción es regulada en función de las necesidades reales del consumo y no del lucro, o sea, de la renta del capital;

A los pocos meses de asumir el poder, la política económica Nacionalsocialista comienza a transformar el panorama sombrío que ofrecía Alemania, sometida por el tratado de Versalles. El número de desocupados se reduce en menos de un año, en un 54% aumenta el índice general de la producción; se eleva notoriamente el nivel de vida; se reducen las importaciones, se desarrolla la industria...

Como podemos observar, la revolución Nacionalsocialista, no fue la “reacción del capitalismo en crisis” sino la causa de la crisis del capitalismo. Esta es la razón por la que los dos tentáculos de éste, el capitalismo liberal individualista, y el capitalismo marxista, dirigidos por la Internacional Aurea, demostrando una vez más sus comunes orígenes, se coaligaron para aniquilar un régimen cuyas estructuras socioeconómicas, no permitían el ejercicio del poder político del dinero. La abolición de la esclavitud del interés, uno de los conceptos medulares de la doctrina Nacionalsocialista, se convierte en el antídoto del veneno judío. La usura, fuente de vida del capitalismo, razón de ser del hebreo, asistía a su propio funeral[5]: las estructuras patológicas de la plutocracia, eran arrasadas. La onda expansiva del Nuevo Orden Revolucionario, surgido de la síntesis entre el Nacionalismo y el Socialismo, se propagaba por los pueblos de Europa, en tanto que las demoplutocracias reaccionarias veían peligrar su reinado.


[1] Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores.
[2] Cuando el orden, armonía dinámica de un conjunto social, surge de la adecuación de las estructuras a las exigencias naturales e históricas de su afirmación, estamos entonces, ante una comunidad orgánicamente estructurada. Esto es: Orden Social Natural.
[3] Es decir, la empresa considerada como una comunidad jerarquizada de Productores diversamente especializados, liberados del yugo burgués que somete a los productores, reduciéndolo a la condición de asalariados. Integrada orgánicamente dentro de la estructura económica comunitaria cumple con su específica función de servir a la comunidad y no a los intereses espurios ni de las sociedades anónimas, ni de usurpador alguno.
[4] El advenimiento al poder del capitalismo liberal individualista en 1789, arrasa con el concepto de la propiedad individual y familiar sustentado en el taller artesanal sustituyéndolo por el nuevo concepto individualista de la propiedad, fundada en el chantaje capitalista, que puede expresarse de esta forma: “yo tengo la máquina por mi capacidad económica; Uds., los trabajadores, aportan su inteligencia, esfuerzo físico, conocimiento, técnica, todo lo inherente al trabajo. Sin ustedes no hay producción posible, por esto, yo les pago un salario para que puedan sobrevivir y no morir de hambre. Sepan además, que el único dueño de la fábrica y de los medios de producción, soy yo, el patrón. Y si no les gusta mi propuesta, vayan a otra fábrica”. Allí serán nuevamente chantajeados.

Este es el fundamento del robo capitalista que hace de la empresa su propiedad individual, cuando debería ser una organización necesariamente comunitaria. Esta desnaturalización patológica, no se produce solo en el régimen capitalista liberal individualista, sino también en el capitalismo estatal marxista, pues ambos, que proceden de una misma fuente, “no son ideologías antinómicas son etapas de un mismo proceso”. En el capitalismo de Estado, los obreros de una empresa, no tienen acceso ni a la propiedad ni a la dirección de la misma, pues todo le pertenece al Estado, único patrón. Por esto, el trabajador, dentro de este régimen, sigue siendo un proletario, un asalariado del estado, y el estado, sigue siendo burgués capitalista.Como podemos observar, no hay nada más antisocialista, que el tan publicitado “socialismo marxista”.
[5] En efecto, la usura, condenada con la pena máxima durante toda la Edad Media, y legalizada por la subversión burguesa de 1789 a través del primer Decreto del Ministerio de Hacienda, volvió a ser objeto de la misma pena después de 1933 en Alemania, con la Revolución Nacionalsocialista.